Más de 400 entrevistas videograbas se han hecho en Los Ríos para evitar revictimización en niños

La Fiscalía regional dio cuenta de 413 entrevistas investigativas videograbadas que se han realizado en Los Ríos. La iniciativa busca prevenir la revictimización de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves mediante un proceso penal.

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Al cumplirse el primer año de vigencia en la Región de Los Ríos de la Ley 21.057 sobre Entrevista Investigativa Videograbada (EIV), cuyo objetivo es prevenir la revictimización de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves durante su participación en el proceso penal, la Fiscalía hizo un balance sobre los beneficios que ha significado esta normativa y también sobre los desafíos futuros.

A partir del 3 de junio del año pasado, fecha en la que entró en vigencia la ley en Los Ríos, se efectuaron en esta región un total de 413 entrevistas: 198 en 2021 y 215 desde el 1 de enero hasta el 3 de junio de este año.

El Fiscal Regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez Duplaquet, destacó que durante este primer año “hemos constatado que esta ley efectivamente contribuye a minimizar la victimización secundaria, no solo por la excelencia de la metodología de esta diligencia investigativa, sino también porque evita que los niños, niñas y adolescentes participen en diligencias innecesarias, dada la calidad y transparencia del relato que allí se obtiene, y más importante aún porque se respeta su voluntad de participar o no en el proceso penal”.

Agregó que la calidad del relato que se obtiene en la entrevista permite a los fiscales tomar decisiones investigativas oportunas y certeras, agilizando la investigación y el proceso judicial en su caso.

Una opinión coincidente entregó la jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, Ximena Valenzuela, quien señaló que “la implementación de esta ley constituye un acto de reconocimiento a los derechos de niños, niñas y adolescentes como personas que requieren una especial protección, que establece vías concretas para su ejercicio, adecuadas a su etapa de desarrollo y con respeto a sus intereses y dignidad”.

Las 413 entrevistas videograbadas del primer año de vigencia de la Ley 21.057 se han llevado a cabo en 9 salas especialmente acondicionadas en la región para esta diligencia, de las cuales 4 pertenecen a la Fiscalía (ubicadas en La Unión, Los Lagos, Mariquina y Valdivia), 4 al Poder Judicial (en Panguipulli, Mariquina, Los Lagos y Valdivia) y una a la PDI (en Valdivia).

Actualmente la región cuenta con 11 entrevistadores formados y acreditados, que aumentarán a 13 en julio. Siete de ellos son fiscales, abogados y  profesionales de la Fiscalía, tres pertenecen a Carabineros y tres a la PDI.

Desafíos

Respecto de los desafíos para el futuro, Ximena Valenzuela explicó que son dos los principales: contar con otra sala en la provincia del Ranco y aumentar la cantidad de personas que asuman los distintos roles creados en virtud de esta ley en todas las instituciones involucradas, es decir, la Fiscalía de Chile, Carabineros, PDI, Poder Judicial y el Ministerio del Interior.

Sobre este último desafío, la jefa de Uravit precisó que “ninguna de las instituciones involucradas  dispone de  personas con especial dedicación al nuevo rol que se les ha asignado. El hecho de que quienes se desempeñan como entrevistadores y entrevistadoras no tienen dedicación exclusiva a esta tarea, que además deben invertir mucho de su tiempo al Programa de Formación Continua, sumado a la imposibilidad de ejercer por distintas contingencias, hace necesario contar con una mayor cantidad a fin de garantizar el buen funcionamiento de manera permanente”.

Sobre la necesidad de contar con una segunda sala en la provincia del Ranco, explicó que esto se debe a que este año  el 28 por ciento del total de entrevistas realizadas en la región se ha efectuado en la sala de la Fiscalía Local de La Unión, la única disponible en esa zona.

La Ley de Entrevista Investigativa Videograbada se publicó el 20 de enero del año 2018, contemplando su implementación progresiva en el país a partir de 2019. La Región de Los Ríos forma parte de la segunda etapa de implementación de la ley.